La nueva enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para 2023, aprobada el 22 de noviembre en el Congreso de los Diputados, permitirá extender el período máximo de contratación de los auditores de Entidades de Interés Público (EIP) mediante dos vías: que las auditorías sean realizadas de forma conjunta por dos firmas de auditoría o que se realice una convocatoria pública de ofertas.
Es decir, según la enmienda transaccional aprobada por el Congreso de los Diputados, una vez finalizado el período total de contratación máximo de 10 años de un auditor el plazo podrá prorrogarse adicionalmente en varios supuestos. Hasta la fecha, el tiempo del contrato entre auditor y sociedades , tenía un límite de 10 años, tras la entrada en vigor en 2016 de la Ley de Auditoría de 2015.
Pero con la nueva enmienda, los contratos podrán extenderse entre 10 y 14 años más, siempre y cuando sea con un mismo cliente y una vez que acabe el plazo máximo de 10 años. Además, la otra condición que incluye la nueva normativa es que esta extensión solo se podrá llevar a cabo si se incorpora a un socio para desempeñar este trabajo o, bien, se haga previamente una convocatoria de ofertas.
Así, la ley propone que el plazo se puede ampliar hasta un máximo de catorce años cuando se contrate a la vez al auditor, junto a otros con los que trabajará conjuntamente durante este periodo de extensión. Por otro lado, el plazo se puede prorrogar por 10 años, cuando se realice una convocatoria pública de ofertas para la auditoría legal.
Polémica con la nueva enmienda
Cabe destacar que, la nueva enmienda ha generado polémica. De hecho, El Registro de Economistas Auditores (REA) pedía la semana pasada que se retirara esta enmienda al considerarla una iniciativa que «compromete la independencia y fomenta la concentración en el sector» al dar la posibilidad de extender más allá de 10 años la contratación de los servicios de auditorías.
